La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público.

En ese sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública también señala que “la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

En desarrollo de la política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos establecida en el Conpes 3654 de 2010 y en cumplimiento de la normatividad y postulados relacionados con este tema en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, así como la Ley 1712 de 2014 “transparencia y derecho de acceso a la Información pública”, y la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de participación democrática, la Contraloría de Bogotá estableció en su Plan Estratégico Institucional–PEI 2022-2026 la estrategia No.1.1 “Promover el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos a exigir información sobre la gestión fiscal…”, el cual hace parte del objetivo No.1 “Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad”.

Así mismo, la actividad de rendición de cuentas institucional está reglamentada al interior de la entidad, a través del Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas PPCCPI-03 versión 7.0 y se fundamenta en la responsabilidad dada al Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas de garantizar un enlace permanente con Concejo, Ciudadanía y Partes Interesadas, para promover la participación ciudadana y el ejercicio del control social como insumo del control fiscal, así como difundir el posicionamiento de la imagen institucional.