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Frente común contra el fraude a los servicios públicos domiciliarios. Por: Andrés Castro Franco

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Frente común contra el fraude a los servicios públicos domiciliarios. Por: Andrés Castro Franco

Bogotá, octubre 22 de 2021. A instancias de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, las Contralorías de Bogotá, Soacha y Cundinamarca decidimos unir esfuerzos para contrarrestar, desde nuestras competencias, el acceso ilícito o irregular a los servicios públicos domiciliarios, tanto en la capital del país como en los municipios de la región.

En ese propósito, estamos fortaleciendo nuestro ejercicio de fiscalización en aras de prevenir, investigar y sancionar, de manera ejemplar, el fraude cometido por algunos usuarios de los servicios públicos o promovido por grupos delincuenciales que ofrecen, de manera masiva, esta conexión irregular, como se ha denunciado de tiempo atrás.

Cada acometida o manipulación ilegal en el suministro de agua, luz, gas o telecomunicaciones conlleva no solo un riesgo para la vida de quienes habitan el predio que accede a dichos servicios de manera ilegal, sino millonarias pérdidas para las empresas que los brindan.

El panorama es realmente preocupante. En los últimos 3 años, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, Vanti y Enel-Codensa han reportado pérdidas superiores a los 75 mil millones de pesos por acometidas ilícitas, alteración de medidas, intervención de medidores, suplantaciones de identidad, negaciones de consumo y falta de pago, entre otros actos fraudulentos.

Entre 2019 y 2021, la ETB estimó el fraude en $24.922 millones; Enel-Codensa lo cuantificó en 16.766 millones de pesos; la EAAB reportó pérdidas por 3.214 millones de pesos relacionadas con defraudación de líquidos, mientras que Vanti estimó que las conexiones fraudalentas le han costado, en este periodo de tiempo, 30.713 millones de pesos. En los últimos 3 años, estas empresas adelantaron 1.225 actuaciones judiciales por distintos casos de fraude.

Lograr una gestión pública más eficiente en el suministro y prestación de los servicios públicos domiciliarios es imperativo. De allí que el trabajo articulado entre empresas, entidades de regulación y órganos de investigación, vigilancia y control resulta de suma importancia para proteger el patrimonio público.

Vale anotar que la Corte Constitucional ha señalado que “la empresa, teniendo en cuenta que los servicios públicos son un bien de uso público, debe estar atenta y ser diligente para evitar fraudes o pérdidas económicas que van en detrimento no sólo de su patrimonio sino del resto de la población…”.

El uso de tecnología para detectar conexiones irregulares; mediciones de consumos; verificaciones metrológicas y revisiones periódicas en zonas con alta probabilidad de asentamiento ilegal son algunas de las principales estrategias que han implementado las empresas para contrarrestar los accesos ilícitos. Estas acciones, sin duda, deben fortalecerse y ampliarse a fin de no afectar, en el corto y mediano plazo, el acceso y prestación de los servicios públicos domiciliarios a quienes hoy carecen de ellos en distintos rincones del país.

El fraude a los servicios públicos también afecta las finanzas de los entes territoriales; por eso hoy, más que nunca, la efectiva coordinación y colaboración interinstitucional debe ser el pilar de la lucha contra este delito que nos perjudica a todos.

La cultura de ‘cero tolerancia al fraude’, donde la promoción de la denuncia resulta vital para ayudar a contrarrestar la acción delictiva, debe permear todos los estamentos de la sociedad pues, al fin y al cabo, los ciudadanos también somos responsables en el cuidado de los bienes públicos.

 

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