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Contralorías territoriales investigarán y sancionarán fraudes en el acceso a servicios públicos domiciliarios

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Contralorías territoriales investigarán y sancionarán fraudes en el acceso a servicios públicos domiciliarios


•    Telefonía, energía, gas natural y acueducto y alcantarillado registran, en los últimos 3 años, pérdidas económicas valoradas en más de $75.613 millones por hurtos y acometidas ilícitas, entre otros.

Bogotá, 6 de septiembre de 2021. A instancias de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, las Contralorías de Bogotá, Soacha y Cundinamarca fortalecerán su ejercicio de control fiscal en aras de lograr una gestión pública más eficiente en el suministro y prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad-región y, de esta forma, poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización, encaminados a la efectiva coordinación y colaboración de los órganos de control en su lucha contra la corrupción.


En ese propósito, los miembros de la Comisión se unieron para crear un frente común que contrarreste el acceso ilícito o irregular a los servicios públicos domiciliarios en la capital y en los municipios de Cundinamarca, con miras a prevenir, investigar y sancionar el fraude cometido por algunos usuarios. 


La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Vanti y Enel-Codensa han registrado, en los últimos 3 años, millonarias pérdidas por acometidas ilícitas, alteración de medidas, defraudación, intervención de medidores, suplantaciones, negación de consumo y falta de pago, entre otros.


En el caso de la ETB, la empresa estima el fraude en $24.922 millones; en el servicio de energía, este se cuantifica en $16.766 millones; en el servicio de acueducto y alcantarillado, el costo de la defraudación de fluidos asciende a los $ 3.214 millones y en el servicio de gas domiciliario (Vanti), el valor del ilícito reportado llega a los $30.713  millones. 


Entre 2019 y 2021, estas empresas adelantaron 1.225 actuaciones judiciales por distintos casos de fraude.


Con esta acción conjunta, la Comisión Regional de Moralización suma esfuerzos para combatir estas prácticas fraudulentas que afectan el patrimonio público.

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