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Contraloría de Bogotá, D.C. se pronuncia frente a Plan de Desarrollo del Distrito

Imagen de rvelandia

Bogotá. 18 de mayo de 2020. La Contraloría de Bogotá, D.C. emitió un pronunciamiento sobre el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. La entidad presentó concepto técnico y expresó sus preocupaciones en cuanto al Plan de Desarrollo Distrital (PDD), para que sean analizadas y evaluadas en el marco del debate que cursa para el trámite y aprobación en el Concejo de la ciudad. En documento remitido, se analizan los componentes estratégicos y estructurales, así como el análisis por propósito, la transversalidad del componente ambiental y los programas relacionados con el futuro de la ciudad.

El Ente de control determinó que en el PDD persiste aún duplicidad de metas, falta de precisión al enumerar los proyectos estratégicos y en la interrelación entre las metas trazadoras con los programas estratégicos, observaciones que ya habían sido advertidas por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD). Además, en el PDD se excluyeron algunas propuestas conforme al programa de gobierno presentado y metas planteadas0 quedaron invisibilizadas o fueron reducidas.

Para la Contraloría de Bogotá, D.C. nuevamente se incumple la jerarquía que debe tener la planeación del ordenamiento territorial de largo plazo sobre la de corto plazo de los planes de desarrollo. Esto resulta ser todavía más crítico dado que la programación del POT se encuentra desarticulada con la programación propuesta en el PDD, lo que dificulta el seguimiento al cumplimiento del programa POT propuesto. La Administración debe contar con un sistema que permita examinar la ejecución de recursos, con un efectivo análisis espacial y temático.

El diseño y definición de algunas líneas base, productos, metas de resultados, trazadoras e indicadores es impreciso y no permite medir el efecto directo que estos tienen. El uso inadecuado de estos instrumentos afecta el proceso de cuantificar, en forma más acertada, los recursos a emplear en la producción de dichos productos y sus resultados. Algunas de las metas e indicadores incluyen acciones abstractas y amplias como “inserción urbana” e “intervenir” que por sí solas dan lugar a diversas interpretaciones, debido a su imprecisión y en algunos casos a que no se asocian a un objetivo o propósito. En la trazabilidad de algunas metas de producto, éstas deben tener relación o asociación con alguna meta de resultado y meta trazadora, para establecer una relación secuencial y lógica que evidencie cómo medir su impacto en la generación de valor público; de lo contrario, es imposible realizar un efectivo seguimiento y evaluación en la contribución a los objetivos propuestos.

Las cifras de la estrategia financiera con recursos por $109 billones, muestran un crecimiento en precios constantes de 2020 del 0,57% ($622.467 millones) frente al plan anterior, que en principio tienen sustento antes de la pandemia. No obstante, la Economía Nacional y la de Bogotá están afectadas por una crisis con un horizonte incierto, sin desconocer que el monto calculado parte desfinanciado en $18 billones, que representa el 17%.

De acuerdo con el análisis de la Contraloría de Bogotá, D.C., en términos ambientales no se evidencia la inclusión de políticas públicas y políticas vigentes y no se incorporan de manera específica en su articulado los 19 objetivos ambientales y las 9 estrategias que a su vez deben ser coherentes con otros instrumentos de planeación ambiental como el PACA, el PAL y el PIGA y los operativos de planeación ambiental.

Igualmente, el PDD no discrimina la cantidad de individuos arbóreos a plantar en cada área de la ciudad, ni tampoco contempla la generación e implementación de energías limpias (en anteriores planes se establecía como parámetro base en cada una de sus actuaciones). Así mismo, en cuanto a la gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la Capital, no se registra lo concerniente a la magnitud.

Sobre el sistema de tratamiento de los lixiviados del Relleno Sanitario de Doña Juana falta por precisar la obligación que existe sobre su optimización, no hay explicación sobre el manejo del mismo, ni en las estrategias ni metas del Plan de Inversión, hay que recordar que su vida útil está por finalizar y aún no se tiene un lugar para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.

En cuanto al sector Salud, el Organismo de Control Fiscal resalta que en el PDD no están priorizadas la prevención de enfermedades cardiovasculares, tumores, cáncer, consumo de tabaco y sustancias psicoactivas, malaria, tuberculosis y VIH, contrariando el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, se excluyen metas de atención a pacientes con VIH, cáncer de cuello uterino y mama y tuberculosis, así como la detección precoz de niños con defectos congénitos; además, se dejan por fuera metas de sostenibilidad financiera de los Hospitales que conforman las Subredes, se disminuye la meta de auxilios funerarios y se reducen las dirigidas a reactivar la economía.

Respecto al sector de Movilidad, en el PDD se debería mencionar cómo se articulará la construcción de nuevas troncales y la primera línea del Metro con todo el plan de obras. Igualmente, falta coherencia e integralidad entre el problema diagnosticado en movilidad y la estrategia que se centra en las obras para mejorar los efectos por congestión.

No se presentan soluciones al alto costo de la operación del componente zonal del SITP, principal causa del déficit tarifario, pues la alternativa propuesta por la Administración es la de asumir su operación, sin presentar las bases que fundamenten esta opción. Para la Contraloría de Bogotá, D.C. se debe determinar con exactitud qué obras se realizarán y en qué cantidad en el período del PDD, primero, porque las incluidas en el “Programa de Ejecución” no presentan la meta a construir y no coinciden con las referenciadas en el artículo 48 “Proyectos Estratégicos”, que dice priorizar, pero a su vez se refiere a grupos de obras; y segundo, porque en las metas de programas estratégicos y generales se refieren a intervenciones sin indicar las metas de construcción.

En otros aspectos, el Ente de Control observó que no se evidencia la inclusión de políticas públicas sobre convivencia y seguridad ciudadana, tema sensible y fundamental para la ciudad; también se hace difícil la evaluación para el fortalecimiento de la Universidad Distrital FJC, entidad que es eje fundamental de la educación superior en la Capital; y asimismo, que en cuanto a la economía del cuidado, aunque se identifican algunas actividades realizadas por las mujeres, deben ser incluidas aquellas que no son remuneradas como las labores agrícolas1 , que se pueden presentar en las zonas rurales de Bogotá.

En lo referente a las estrategias y acciones para la reactivación económica, la Contraloría estableció que corresponden a mantener lo propuesto en el anteproyecto y a programas de períodos anteriores, sin que se observe lo propio de la situación actual. Además, la reactivación se suscribe a escasas soluciones en apoyo, incentivo y promoción para algunos sectores económicos de la ciudad y no se considera la aplicación de las múltiples alternativas que existen para abordar todo el sector económico del Distrito.

Finalmente, el proyecto de PDD en su artículo 36 hace una afirmación sobre la actividad contractual vía urgencia manifiesta, no obstante, la Contraloría de Bogotá D.C. considera que se debe guardar la debida coordinación normativa con el estatuto de contratación, en orden de velar por los principios de transparencia, economía, selección objetiva y pluralidad de oferentes.

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